Lo ocurrido recientemente en Santiago, donde una turba de motoconchistas persiguió y mató a golpes y arma blanca al chofer Delvy (o Deivy) Carlos Abreu Quesada tras un simple roce de tránsito, no es un hecho aislado ni un arrebato de ira momentánea; es la señal clara de que la República Dominicana se desliza peligrosamente hacia la justicia por mano propia y la ingobernabilidad.
Según las versiones oficiales, el camión recolector que conducía la víctima fue interceptado, perseguido y el chofer brutalmente agredido hasta morir, en lo que el propio alcalde de Santiago calificó como un asesinato y un linchamiento que exige “todo el peso de la ley”.
Este caso se inscribe en una tendencia que lleva más de una década acumulando muertos bajo la forma de linchamientos y ajusticiamientos en las calles, especialmente en barrios pobres, con poco patrullaje policial, altos niveles de violencia y una justicia lenta e ineficiente.
Investigaciones periodísticas y estadísticas de la Policía Nacional han documentado al menos 167 a 202 linchamientos entre 2008 y mediados de 2018, con más de 130 personas muertas solo entre 2011 y 2017, concentrados en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago.
Estos números no surgen en el vacío: entre 2014 y 2017 los tribunales condenaron a poco más de 8,000 personas por robo frente a casi 95,575 denuncias por ese delito, y en 2017 se registraron más de 58,000 denuncias por robo con apenas 1,701 condenas, alimentando la sensación de que el delincuente rara vez enfrenta consecuencias reales.
En el mismo período se reportaron miles de homicidios, pero una proporción significativa de esos casos se quedó sin sentencia o se dilató en apelaciones, reforzando la percepción ciudadana de que la justicia formal no funciona o no llega a tiempo.