POR CARLOS SALCEDO
La crisis venezolana no es solo la historia de un modelo populista agotado; es también un laboratorio jurídico y político donde se cruzan sanciones internacionales, acusaciones de narcotráfico y estrategias de aislamiento diplomático. Nicolás Maduro y su círculo cleptocrático, caracterizado por el uso de los recursos del Estado para su enriquecimiento ilícito y corrupción, enfrentan hoy no solo el repudio moral de millones de venezolanos, sino también un cerco legal que va desde la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos hasta las resoluciones de organismos multilaterales.
La jurisdicción extraterritorial y el caso Maduro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido cargos criminales contra Maduro y altos mandos de su régimen, acusándolos de encabezar un cartel de narcotráfico denominado “el cartel de los soles” (se debe a las insignias que llevan en los uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana-GNB-).
Estas acusaciones se basan en el principio de jurisdicción extraterritorial, que permite a un Estado perseguir delitos cometidos fuera de su territorio cuando afectan su seguridad, su economía o la seguridad internacional.
No es un recurso menor: se aplicó contra capos del narcotráfico colombiano y contra funcionarios extranjeros acusados de corrupción y lavado de activos. La figura jurídica tiene un claro objetivo político: deslegitimar al régimen venezolano, ponerlo al nivel de un cartel y preparar el terreno para una transición forzada.