POR JULIO MARTINEZ
La tragedia del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set continúa generando repercusiones en la opinión pública, ahora con un nuevo giro que ha sorprendido a analistas y expertos en comunicación de crisis. Recientemente, el periodista Julio Martínez Pozo, quien no tiene relación alguna conmigo, sugirió que se debería solicitar la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos para investigar la posibilidad de que el colapso haya sido provocado intencionalmente por narcotraficantes mediante una explosión o dispositivo detonante.
«Entre las cosas que tenemos que descartar y que tiene que quedar fuera de toda duda en esta investigación es que no se presentara ningún otro elemento que haya producido la implosión», expresó Martínez Pozo en declaraciones públicas que han generado considerable controversia.
Esta declaración, que aparentemente buscaba desviar la atención de posibles negligencias estructurales, ha generado un efecto contrario al esperado. Al introducir la teoría de una posible vinculación con el narcotráfico, surgen interrogantes inevitables: ¿Por qué narcotraficantes tendrían como objetivo específico esta discoteca? ¿Qué conexión podría existir entre estos grupos delictivos y el establecimiento o sus propietarios?
Lo que resulta paradójico es que, al intentar exonerar de responsabilidad por negligencia estructural, esta línea de defensa abre una nueva dimensión de cuestionamientos sobre las actividades comerciales del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca y de varios medios de comunicación, incluyendo aquel donde trabaja el propio Martínez Pozo.
La inconsistencia lógica del argumento
El planteamiento presenta varias inconsistencias lógicas que merecen análisis:
La sugerencia de involucrar a una agencia extranjera como el FBI en un asunto de jurisdicción nacional refleja una comprensión cuestionable del proceso legal adecuado.
Si la hipótesis fuera que los medios de comunicación vinculados al señor Espaillat han publicado contenido que afecta a grupos del narcotráfico, resultaría más lógico que cualquier represalia se dirigiera contra los comunicadores responsables de dichas publicaciones, no contra un establecimiento de entretenimiento.
La insinuación de una explosión o detonación provocada por narcotraficantes carece de evidencia preliminar que la sustente y parece más bien una especulación destinada a desviar la atención de posibles fallas estructurales o negligencias en el mantenimiento.
Las implicaciones no deseadas
Lo más preocupante de este tipo de declaraciones es que, en el intento de construir una defensa, se están generando asociaciones públicas entre el empresario y sectores del crimen organizado que anteriormente no existían en el imaginario colectivo. Como señalan expertos en gestión de crisis, introducir elementos especulativos de esta naturaleza puede resultar contraproducente para la imagen pública de los involucrados.
La responsabilidad de la comunicación en crisis
Este caso pone de relieve la importancia de una comunicación estratégica y responsable durante situaciones de crisis. Los especialistas en relaciones públicas coinciden en que la transparencia y el enfoque en los hechos verificables suelen ser más efectivos que las teorías especulativas que pueden desviar la atención temporalmente, pero generar problemas mayores a largo plazo.
En momentos donde familias afectadas aún buscan respuestas y justicia, el discurso público debería centrarse en esclarecer las responsabilidades concretas relacionadas con el mantenimiento y seguridad de la estructura, aspectos que continúan siendo el centro de la investigación oficial.
El caso del Jet Set nos recuerda que, en situaciones de crisis, las estrategias comunicacionales deben ser cuidadosamente evaluadas. Como reza el dicho popular que se ajusta perfectamente a esta situación: «Compadre, no me ayude así». A veces, una defensa precipitada puede generar más problemas que aquellos que intenta resolver.